La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede ejercer de manera discrecional los ahorros que genera la Administración Pública Federal derivados de las medidas de austeridad.
La ministra Norma Lucía Piña señaló que es obligación del Congreso ejercer “un control democrático efectivo sobre el gasto público federal”
Con nueve votos a favor, el Máximo Tribunal votó a favor del proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández decidió que el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, no puede renunciar a su facultad de determinar el gasto público.
“No se puede llegar al extremo en que los diputados deleguen la facultad para determinar el uso de esos recursos al Poder Ejecutivo, pues esa situación frustra la función constitucional que la Cámara baja tiene en esta fase del ciclo presupuestario”.
El destino de estos recursos es obligación del Congreso para así ejercer “un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específico del mismo”.
Con esta determinación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la disposición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que permitía al presidente de la república decidir por decreto el destino de los recursos obtenidos mediante las medidas de austeridad en la administración pública, acción de inconstitucionalidad presentada en 2019 por senadores de oposición en contra de la Ley de Austeridad Republicana.
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