El riesgo de corrupción subió en 75 instituciones federales entre 2020 y 2021.

De acuerdo con el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2021, instituciones del gobierno federal adjudicaron 9,836 millones de pesos a proveedores “riesgosos” catalogados así por ser empresas de reciente creación, sancionadas o con simulación de operaciones,

A través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2021, el IMCO detalló que durante dicho año se asignaron 9,798 millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas a menos de un año antes de recibir un contrato.

36 millones de pesos, fueron destinados a  empresas y contratistas sancionados por la Secretaría de la Función Pública, por incumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

El informe revela también, que se adjudicaron 2 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales de acuerdo con el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), suelen simular operaciones a través de domicilios fiscales inexistentes y no cuentan con personal, activos y capacidad material para prestar, realizar o entregar bienes y servicios.

Según el informe, entre las instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos y que presentan mayor riesgo de corrupción se encuentran el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Casa de Moneda de México.

Además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el caso del Insabi se identificó que 43% de las adjudicaciones no cuentan con el documento del contrato publicado; 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación y 98% de sus compras no están publicadas en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, lo que implica la imposibilidad de conocer el número y nombre de participantes por proceso.

Por otro lado, el documento subrayó el caso de Segalmex: Liconsa y Diconsa, entes que presentaron prácticas de compras riesgosas y retrocesos, ello al señalar que en 2021, Segalmex no priorizó la competencia, ya que 64% del monto contratado se adjudicó mediante modalidades de excepción y 17% de las licitaciones públicas contaron con un único participante y, en términos de transparencia, 83% de las licitaciones no cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para asegurar que los plazos y los requisitos del concurso se cumplieron.

Para Liconsa se observó que en 2021, 83% del monto de las compras fue asignado a través de adjudicaciones directas (77%) e invitaciones restringidas (6%), lo que equivale a 3,733 millones de pesos. Además, 13% de los concursos de licitación pública e invitación restringida contaron con un solo participante.

Las justificaciones legales en 2021 más utilizadas por las instituciones a nivel federal para no licitar fueron las adquisiciones de bienes o servicios por montos pequeños (23%), la existencia de un solo proveedor o bien sin sustitutos (20%), las circunstancias que ponen en peligro la salud, la economía, la seguridad o el ambiente (14%) y las razones de fuerza mayor (12%).

Por otra parte, se destacó que en comparación con 2020, el año pasado las compras públicas a través de licitaciones abiertas crecieron, ya que 45% del monto total fue adjudicado a través de procesos competidos, lo que equivale a 214,000 millones de pesos y 17,000 contratos.

Impactos: 64

Deja un comentario