Margarita Ríos-Farjat Ministra de la Suprema Corte de Justicia
COLABORADORA DE CENTRAL DE MEDIOS NACIONALES
Comienzo subrayando que es indispensable mejorar nuestro vasto entramado de justicia, integrado por jueces federales, locales, fiscalías, tribunales administrativos, agrarios, laborales, electorales, comisiones administrativas, procuradurías locales y federales, y falta mucho por hacer para evitar la corrupción, impunidad y falta de sensibilidad en ese entramado, del que también forma parte la abogacía postulante. Sin embargo, la iniciativa de Reforma Judicial que se discute dista de perseguir ese propósito porque no es una reforma “de justicia” sino una centrada en la sustitución de la clase judicial actual por otra, electa por voto popular. Sin minimizar su valor, debe decirse que el voto popular no garantiza todo. Por voto popular no se pilotea un avión ni se opera un corazón, no funcionan así los semáforos ni usamos ese método para elegir el colegio de los hijos o qué comprar en el súper. No es “desconfianza a la mayoría” o “al pueblo”, ese es un sofisma que debe atajarse respetuosamente, pero con claridad. Al pueblo se le confía tanto, que así se elige al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión, ni más ni menos. Así manda este pueblo, de forma institucionalizada para salvaguardar seguridad, estabilidad y paz social; y a esos poderes constituidos les encomienda la tarea de colaborar entre sí y con el Poder Judicial para hacer funcional y próspero al Estado mexicano. Dejando eso de lado, hay otra inconsistencia preocupante: que cambiar a los jueces da como resultado la mejora de la justicia. Equivale a que un avión vuele por mero deseo o que un pastel “sucederá” por el solo hecho de comprar algo de harina. Es más realista decir que cambiar así a los jueces solo resultará en dos cosas: que todos toleremos las decisiones que tomarán, así lleguen a ser estrambóticas, pues habrán sido electos por el pueblo; y que “el pueblo” tiene el derecho de “linchar” a quienes tomen su trabajo con seriedad y en beneficio del propio pueblo. Quien acabará sufriendo es el tan invocado pueblo, al que después le endosaremos también la culpa. Esta “Reforma Judicial” trata solo de la sustitución de la clase judicial actual, pero su nombre da a entender que es una reforma profunda y sistémica, y no es así: no prevé ajustes procesales para acortar la duración de los juicios, ni capacidades institucionales para mejorar la calidad de la decisión judicial, ni mecanismos novedosos que permitan a la sociedad una mejor relación con la justicia. Además, se promueve como una reforma “de la justicia” en su connotación más amplia, pero basta leerla para ver que no es así. Por desgracia, la ignorancia sobre estos temas por parte del grueso de la población se utilizará en su propio detrimento. Recuerdo a Octavio Paz: “La culpa que no se sabe culpa, /la inocencia, /fue la culpa mayor”. La Constitución habrá de reflejar lo que la mayoría decida y ese destino seguirán las instituciones. Si la sociedad mexicana no desea jueces técnicos y profesionales, no los tendrá, así es la democracia y por eso son tan importantes la educación, la solidaridad y la movilidad social, tres promesas sostenidas por décadas y cuya falta de cumplimiento ha devenido en un gran lastre. La gente también siente como ausencia de justicia su inmovilidad social. Nadie se llame a sorpresa ahora, luego de tantos lustros de sordera. Pero a los jueces no nos corresponde “oponernos” a una reforma, no la vamos a votar ni somos oposición política; también aquí debemos cuidar la propiedad de las palabras y la esencia de nuestra función. Nuestro único deber, frente a esta reforma, es doble: señalar claramente los riesgos que advertimos y ofrecer ideas surgidas de nuestra experiencia para que puedan valorarse en este anhelo de cambios. Anoté lo primero, paso a lo segundo: algunas ideas. Justicia local. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. Sería de gran beneficio para la gente que cada estado contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados que revisan en apelación fueran jueces ascendidos; con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local. Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional, utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Escuela de Formación Judicial (del Poder Judicial de la Federación). Adaptarla para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de menores, entre otros. Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación, de larga trayectoria y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso, certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas “patito”. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión.
Mayor dimensión social de los jueces. Se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la Escuela de Formación facilite que futuros jueces incluyan un año de trabajo social jurídico no gratuito en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas e infancia maltratada, donde hace tanta falta y dotaría a los futuros jueces de mayor sensibilidad y compromiso social. Clínicas de asesoría jurídica gratuita. La defensoría pública puede coordinarse con universidades a fin de que jóvenes abogados, de la mano de la abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas. Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente; si una mujer renta su vivienda, que lo formalice; no solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Jueces mediadores. Por su proximidad, podrían ser electos por el voto popular de sus vecinos, a fin de ayudarles a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos, en fin, que facilitaran la vida municipal porque serían mediadores y gestores. Esto impulsaría la cultura de los medios alternos de solución de controversias y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional, la estadística y el rezago. Educación humanista y mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es necesario formar en principios y valores, en el mérito y la técnica, y además difundir el quehacer judicial de forma pedagógica a fin de que la gente conozca todas las instancias e instituciones judiciales y pueda verdaderamente participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia, redundando así en el fortalecimiento de las instituciones y en la prosperidad del país.
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